El Congreso de Brasil llevó a cabo este jueves una significativa votación que resultó en la reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a varios de sus seguidores. Esta decisión supone un nuevo tropiezo para la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. La votación fue contundente, con 49 senadores en favor y 24 en contra, así como 318 diputados a favor y 144 en contra, lo que desafió el veto presidencial a una ley previamente aprobada en diciembre, respaldada por grupos de ultraderecha y algunos sectores del centro político.
La reducción de penas se produce a solo cinco meses de las elecciones, donde Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. La nueva normativa, que prohíbe la acumulación de penas por crímenes similares, también acelera la posibilidad de que Bolsonaro transite a un régimen semiabierto, lo que podría permitirle salir de prisión en un lapso de tan solo dos a cuatro años, mucho antes de lo estipulado previamente.
Durante el debate, el senador Sérgio Moro argumentó que el veto presidencial era “cruel” y que la reducción de penas era necesaria para que se hiciera justicia, al calificar las condenas del Supremo como “absurdas” para personas “simples”. En contraste, la diputada Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores y cercana a Lula, criticó la medida, considerándola un atentado contra la Constitución y la democracia, al minimizar el intento de golpe y potencialmente facilitar que se repita en el futuro.
Según el dictamen del Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula. Este intento culminó el 8 de enero de 2023 cuando miles de seguidores del expresidente atacaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la presidencia en Brasilia, provocando también condenas a muchos de ellos. Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió cerca de 120 días de reclusión, pero desde el 27 de marzo, un juez le permitió transitar a prisión domiciliaria temporalmente, debido a problemas de salud.
Este es el segundo revés político que enfrenta el gobierno de Lula esta semana. Anteriormente, los senadores habían rechazado la candidatura del mandatario a la Corte Suprema, marcando la primera vez en más de un siglo que un nombramiento presidencial no es aprobado. La administración progresista de Lula se encuentra en una posición debilitada ante un Parlamento predominantemente de derecha, lo que se ha evidenciado en el contexto de una campaña electoral intensa y unas encuestas que muestran un empate técnico entre los candidatos.
La reciente aprobación de la reducción de condenas para Bolsonaro no solo plantea interrogantes sobre la justicia en Brasil, sino que también resalta la precariedad de la administración actual de Lula, que se enfrenta a una dura batalla política en vísperas de unas elecciones decisivas.
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