La Universidad Central de Venezuela (UCV) lideró un paro nacional de 24 horas el pasado 22 de abril, en el cual se exigieron salarios dignos. Esta jornada de protesta fue adoptada por 23 universidades autónomas y más de 50 instituciones politécnicas en el país. La detención de actividades académicas tuvo como objetivo presionar al gobierno frente a un salario mínimo congelado por más de un año, que actualmente no supera los 27 centavos de dólar al mes.
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Alfonso, enfatizó la necesidad de un salario justo, argumentando que la inflación no ha cedido a pesar de la falta de aumentos. “Llevamos cuatro años sin un aumento real y la inflación sigue alta”, señaló. Al cierre de 2025, la inflación había superado el 400%, lo que ha devastado el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.
El paro tuvo un fuerte acatamiento en Caracas, especialmente en la UCV, donde las aulas y los servicios estudiantiles estuvieron completamente cerrados. Estudiantes como Valentina González, alumna de Derecho en la Universidad del Zulia (LUZ), apoyaron la medida, reconociendo las dificultades que enfrentan debido a los bajos ingresos de sus profesores. La situación se replicó en el interior del país, como en la Universidad de Los Andes, donde se destacó la necesidad de que cualquier ajuste salarial esté indexado al dólar para evitar pérdidas inmediatas.
Durante la jornada de protesta, se recopiló información sobre el costo de la canasta alimentaria, que alcanzó los 692,32 dólares en marzo, lo que refleja la amplia distancia entre los ingresos de los trabajadores y sus necesidades básicas. Un empleado de LUZ, con casi tres décadas de servicio, describió su situación: “Con un sueldo de 130 bolívares mensuales, tengo que buscar un segundo trabajo para sobrevivir”.
Los sindicatos de docentes también se hicieron eco de las demandas, alertando sobre la precariedad laboral. En el oriente del país, profesores de la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) destacaron la necesidad de una asignación presupuestaria justa para recuperar las instalaciones deterioradas. Ante la falta de respuesta del gobierno, las organizaciones sindicales han convocado a una movilización hacia el Palacio de Miraflores para el próximo 30 de abril, destacando que la emergencia educativa requiere soluciones integrales, como la reactivación de servicios esenciales para los estudiantes.
Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana también levantaron la voz, desafiando las amenazas de despido. “Protestar y reclamar derechos no es un delito”, afirmaron, resaltando la necesidad urgente de cambios significativos en el sistema educativo y laboral. Este movimiento masivo en el país refleja la desesperación por una mejora real en las condiciones de vida de los docentes y sus familias.
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