El Consejo Gremial Nacional pidió formalmente a la Corte Constitucional que suspenda el decreto mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, al considerar que la medida vulnera la Constitución.
La solicitud fue presentada a través de una carta enviada al presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. En el documento, el gremio expone sus reparos frente al decreto de emergencia y solicita que sea suspendido mientras la Corte adelanta su revisión de fondo.
El origen de esta controversia se remonta al debate del Presupuesto General de la Nación para 2026. Durante esa discusión, el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un proyecto que, según cálculos oficiales, tenía un faltante cercano a los COP 26 billones. Desde el comienzo, la estrategia del Ejecutivo fue que el Legislativo aprobara el presupuesto y que el hueco fiscal se cubriera posteriormente mediante una ley de financiamiento, es decir, una nueva reforma tributaria.
Aunque el trámite avanzó, una parte importante del Congreso cuestionó el enfoque del Gobierno y sostuvo que antes de crear nuevos impuestos se debían aplicar recortes al gasto público. Tras semanas de negociación, la iniciativa de financiamiento fue ajustada y reducida en COP 10 billones, quedando en aproximadamente COP 16,3 billones. Sin embargo, para el Legislativo la cifra seguía siendo elevada, por lo que finalmente la propuesta fue archivada.
Ante ese escenario, el presidente Petro había advertido que, si el Congreso no aprobaba la ley de financiamiento, recurriría a la declaratoria de emergencia económica para introducir los ajustes tributarios necesarios por vía de decreto. Esa advertencia se concretó a finales de diciembre de 2025 con la expedición del Decreto 1390.
Desde su promulgación, diversos sectores han cuestionado la constitucionalidad de la medida, argumentando que se trata de un uso indebido de los poderes excepcionales del Ejecutivo. No obstante, en ese momento la Corte Constitucional no pudo pronunciarse debido a la vacancia judicial.
Con la reanudación de actividades del alto tribunal, el Consejo Gremial decidió intervenir y solicitar una revisión prioritaria del decreto. Para la organización, la declaratoria de emergencia económica en este contexto desconoce el principio de separación de poderes.
“El decreto es abiertamente inconstitucional, ya que se utilizan facultades excepcionales para atender problemas fiscales que no son extraordinarios ni imprevisibles, sino estructurales y ampliamente conocidos. Acudir a la emergencia tras el rechazo del Congreso a una ley de financiamiento implica reemplazar el debate democrático, especialmente en materia tributaria”, señaló el Consejo Gremial en su comunicación.
Por esta razón, el gremio pidió a la Corte Constitucional que suspenda no solo el decreto de emergencia, sino también todas las normas que se deriven de él, mientras se adopta una decisión definitiva sobre su validez.
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