Controversias alrededor de Berenice Bedoya: UNGRD, Fondo de Adaptación y presuntos cobros

La senadora y presidenta del partido ASI enfrenta denuncias por presuntos cobros a un exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien asegura que se le exigía una parte de su salario para mantener su empleo. La Corte Suprema de Justicia ya investiga a Bedoya por su posible vinculación con el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Berenice Bedoya, senadora antioqueña que aspira a la reelección este año dentro de la coalición Alianza Verde-ASI, está bajo escrutinio judicial y mediático por la denuncia presentada por Sergio Mesa, quien integró su UTL. Mesa afirma que entre abril y diciembre de 2024 tuvo que entregar cerca de COP 30 millones de su salario al yerno y a la hija de Bedoya para conservar su cargo.

El caso ha sido denunciado ante la justicia y ha generado llamados a investigar a fondo en el ámbito político. Incluso, algunos integrantes de la coalición que la respalda han planteado revisar la alianza. “Las acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya sobre la práctica de congresistas que retienen parte del salario a sus asesores son gravísimas. Mi solidaridad con su exasesor. Se debería evaluar su expulsión de la coalición al Senado de la que mi partido forma parte”, afirmó la representante Catherine Juvinao.

Este no es el único episodio de presunta corrupción que involucra a la congresista. Bedoya también aparece en el expediente que relaciona a varios legisladores con el desfalco de recursos de la UNGRD. Se le ha mencionado en la supuesta maniobra del Gobierno y Olmedo López, entonces director de la entidad, para conseguir apoyos a la reforma pensional.

“La fiscal del caso, María Cristina Patiño, indicó que el 13 de junio de 2023 Olmedo López participó en un debate y acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para congresistas de la Comisión Séptima, incluyendo a Berenice Bedoya. Peralta le solicitó priorizar a los parlamentarios de la coalición y direccionar la contratación de la entidad a su favor”, señaló la funcionaria.

Bedoya también aparece mencionada en chats y documentos de la Fiscalía que sugieren que en junio de 2023 habría dialogado con López sobre un proyecto en Casanare, Meta y Risaralda. A pesar de estos señalamientos, ni Peralta ni Bedoya han sido formalmente imputados.

Según reportó El Espectador, la senadora también está vinculada a la llegada de cuotas políticas al Fondo de Adaptación. Su yerno, Johan Steven Londoño, figura en este caso; fue nombrado subgerente de proyecto y durante su gestión contrató a varios aliados, asesores y financiadores de las campañas de Bedoya.

Tres días después de asumir en la entidad, en medio de debates de proyectos claves en la Comisión Séptima del Senado, Londoño otorgó más de una docena de contratos a allegados de su suegra y del partido ASI. La primera contratación se realizó el 17 de diciembre y benefició a Russell Ramírez, abogado y militante de ASI, a quien Bedoya había llevado al Congreso como contratista de la Comisión Séptima, por un monto de COP 43 millones.

Otros casos incluyen a Juan José Poveda Daza, quien recibió un contrato de COP 85 millones en la Subgerencia de Proyectos y es miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del ASI, y Joaquín Emilio Zapata, contratado por COP 117 millones en total, con un salario mensual cercano a COP 10 millones. Zapata, cercano a Bedoya políticamente y financiador de sus campañas (aportó COP 20 millones en 2022), también ha trabajado en varias entidades de municipios antioqueños donde la senadora tiene influencia.

En su momento, Bedoya negó que ASI tenga cargos en el Gobierno y aseguró que no participó en el nombramiento de Londoño, añadiendo que no le sorprende que sus asesores sean considerados para otros puestos. Londoño declaró que fue retirado del cargo hace ocho días y que las personas contratadas fueron seleccionadas por su experiencia y capacidades. Por su parte, el ministro Benedetti negó cualquier acuerdo con ambos partidos y afirmó que las relaciones con estos bloques están fracturadas desde la elección del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional, y que no espera su respaldo a la reforma de la salud.