Un juez peruano ha ordenado la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, tras la anulación de la condena que lo mantenía en prisión. Esto ocurre días después de que el Tribunal Constitucional del país invalidara el juicio que resultó en una pena de quince años por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.
El Tribunal Constitucional anunció que la acusación de lavado de activos carecía de fundamento y que la ocultación de donaciones para las campañas no era un delito en ese momento, lo que llevó a la nulidad del proceso. Humala había estado encarcelado desde abril de 2025 y antes de eso también había enfrentado una prisión preventiva entre 2017 y 2018 por el mismo caso, que ahora ha sido desestimado.
El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional accedió a la solicitud presentada por los abogados del exmandatario para que la liberación se llevara a cabo de inmediato. La Corte Superior Nacional comunicó que se debía trasladar el oficio a la Oficina de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), encargada de manejar las prisiones en Perú, para facilitar la salida de Humala. Además, se ordenó levantar cualquier orden de captura pendiente y notificar a las entidades pertinentes.
A pesar de su liberación, Humala sigue enfrentando otros cinco procesos judiciales por varios delitos, incluidos la asociación ilícita y el homicidio calificado. Estos casos están relacionados con su tiempo como jefe militar en una base antiterrorista, lo que complica aún más su situación legal.
La decisión del Tribunal Constitucional también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien se encuentra en Brasil y había sido condenada en el mismo caso. Este fallo marca un momento significativo en la historia política de Perú, donde la justicia y la política a menudo se entrelazan.
En un contexto más amplio, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien también se benefició de un fallo similar del Tribunal Constitucional, declaró que el país vive actualmente “en un estado de derecho” y que se deben acatar las resoluciones judiciales. Esto subraya un panorama en el que las decisiones judiciales están influenciadas por el clima político del país.
La liberación de Ollanta Humala subraya las complejidades del sistema judicial peruano y su interrelación con los aspectos políticos del país. Este caso continúa desarrollándose y podría provocar más discusiones sobre la integridad del proceso judicial en Perú y su impacto en la política actual.
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