El Gobierno colombiano está planteando una serie de cambios significativos en el sistema de licencias de conducción y multas de tránsito, en el marco de un nuevo Código Nacional de Tránsito que está siendo redactado por el Ministerio de Transporte. La iniciativa tiene como objetivo revisar costos y trámites que enfrentan actualmente los conductores, tras más de veinte años de vigencia del código vigente.
Una de las primeras acciones del Ministerio fue la suspensión de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), cuya misión era verificar de forma independiente las capacidades de los aspirantes a obtener una licencia de conducción. Este esquema fue creado en 2022 durante la administración de Iván Duque, pero se definió su operación más tarde, en 2025. Se había firmado un contrato con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para su funcionamiento, lo que, según el Gobierno, podría haber incrementado el costo del trámite de la licencia considerablemente.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, subrayó que el objetivo es evitar trasladar costos adicionales a los ciudadanos sin un análisis previo que demuestre su necesidad y efectividad.
El presidente Abelardo de la Espriella también ha propuesto eliminar ciertas tarifas que considera innecesarias y aumentar la vigencia de las licencias de conducción a ocho o diez años. Actualmente, las licencias para conductores menores de 60 años tienen una vigencia de 10 años, mientras que para mayores de 60 varía entre cinco y un año, dependiendo del caso.
En cuanto a las multas, De la Espriella sugiere reducir su costo en un 50%. “Una infracción debe tener una sanción proporcional y no debe convertirse en una carga económica insostenible para las familias”, escribió el presidente en su cuenta de X. Las infracciones se clasifican de la “A” a la “E”, dependiendo de su gravedad, y varían su costo en función de esta categoría.
El presidente también cuestionó el requisito de infraestructura que afecta a los Centros Integrales de Atención (CIA), donde los infractores deben tomar cursos para optar a descuentos en sus multas. De la Espriella propuso eliminar esta exigencia, que ha incentivado la creación de monopolios en la oferta de dichos cursos, y planteó una reducción en su costo.
Además, solicitó que las autoridades de tránsito sean quienes impartan directamente los cursos de seguridad vial. Actualmente, hay descuentos de hasta el 50% sobre las multas, siempre que se cumplan ciertas condiciones, como el pago oportuno y la realización de cursos.
En relación a las fotomultas, el presidente ha mencionado que se requieren ajustes, pues considera que han generado un “negocio” poco claro. Anunció que se actualizarán los controles para su autorización y se establecerán parámetros de calibración para los equipos, para evitar mediciones defectuosas que resulten en sanciones erróneas.
Todos estos anuncios apuntan hacia una reforma ambiciosa del Código Nacional de Tránsito, que rige la movilidad en Colombia. La ministra Noguera respaldó la necesidad de un marco regulatorio que esté alineado con la realidad del país, anticipando que su cartera ya trabaja en los cambios solicitados por el presidente. Con ello, se busca no solo una disminución en los costos asociados a la movilidad, sino también una mejora en la seguridad vial en el país.
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