Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias “Risas”, presunto integrante del Clan del Golfo, fue enviado a la cárcel mientras avanza su proceso judicial por la muerte de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrida el 5 de agosto de 2024 en Montería, Córdoba.
Según la Fiscalía, Ramírez Urdaneta fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el homicidio ocurrido en el barrio La Victoria. De acuerdo con la investigación, la víctima se desplazaba por la vía pública cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta. Uno de ellos, identificado como alias “Risas”, le habría disparado varias veces, provocándole la muerte.
La hipótesis del ente acusador indica que el ataque fue una retaliación por impedir el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel La Merced, donde permanecen presos miembros del Clan del Golfo. “Risas” presuntamente formaría parte de la subestructura Javier Yépez Cantero del grupo armado, con la función de ejecutar homicidios selectivos en Montería.
La fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. El detenido no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.
La captura de alias “Risas” se llevó a cabo en zona rural de Montería mediante un operativo conjunto de la Sijín de la Policía de Córdoba y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En el procedimiento se le incautó un revólver calibre 38, seis cartuchos y un teléfono celular.
Este hecho se suma a otros ataques recientes contra funcionarios del Inpec. El 13 de enero, hombres armados atacaron el vehículo del director de la cárcel de Neiva (Huila), Edgar Rodríguez Muñoz. En el atentado murió su hijo de 11 años, Ismael Rodríguez, y días después también perdió la vida el subdirector del centro, Renato Solano Osorio. El ataque ocurrió alrededor de las 7:03 a.m. en la vía que conecta Neiva con Rivera, cuando el vehículo fue interceptado por dos motociclistas que dispararon repetidamente. Tras el incidente, el director Rodríguez Muñoz presentó su renuncia.
La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a realizar investigaciones rápidas y efectivas para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, solicitó al Gobierno y a las entidades competentes implementar medidas de prevención, seguridad y protección en los establecimientos penitenciarios.
La entidad recordó que el Estado colombiano tiene el deber de garantizar la vida, integridad y dignidad de los servidores públicos, y afirmó que “sin seguridad para ellos y sus familias, no es posible construir un sistema penitenciario verdaderamente humano y acorde con la Constitución”.
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