Carlos Roberto García, exalcalde opositor al gobierno de Nicolás Maduro, huyó de Venezuela en 2017 tras ser condenado junto a otros alcaldes por no detener las masivas protestas ciudadanas que sacudieron el país. Tras pasar por Colombia, se estableció con su familia en Estados Unidos, donde desde 2022 solicitó asilo.
En los suburbios de Cincinnati, García reconstruyó su vida trabajando para Amazon, entregando paquetes mientras su esposa y sus dos hijos lo acompañaban. Sin embargo, a casi una década de su huida, su situación dio un giro inesperado: durante una visita rutinaria al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue detenido y trasladado a una cárcel del condado, enfrentando la posibilidad de ser deportado a Venezuela.
“Salimos de Venezuela para protegernos, no para vivir otra detención en este país”, relató María Gabriela Duarte, esposa de García, sobre el momento de la detención. La familia teme que, en caso de deportación, Carlos pueda ser encarcelado o perseguido, dado el historial de represión a disidentes en su país natal, aun tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Mientras sus abogados trabajan contrarreloj para impedir la deportación, García se ha convertido en un símbolo de los miles de venezolanos que enfrentan incertidumbre migratoria. La administración de Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal otorgado por Biden a más de 600.000 venezolanos, acelerando las deportaciones incluso cuando el proceso legal de revocación sigue en tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que García ingresó ilegalmente a EE. UU. en 2022 y fue liberado por el gobierno anterior. Su abogado, Marc Prokosch, presentó un recurso urgente ante el Tribunal Federal de Distrito de Ohio, solicitando la liberación de García y subrayando que no tiene antecedentes penales y ha cumplido todos los requisitos para solicitar asilo.
García nació en Mérida, ciudad andina de Venezuela conocida por la Universidad de los Andes, donde estudió Derecho y conoció a su esposa. En 2013 fue elegido alcalde, pero su enfrentamiento con el régimen se intensificó en 2017, cuando la disolución de la legislatura opositora provocó violentas protestas en varias ciudades del país, incluida Mérida.
El alto tribunal venezolano ordenó su detención por supuesta negligencia en la gestión de las manifestaciones. La familia huyó de noche a Colombia para evitar la persecución, instalándose primero en Cúcuta y más tarde migrando hacia Estados Unidos en 2022.
En Ohio, García mantuvo un perfil bajo, trabajando para sostener a su familia y participando en actividades comunitarias, como organizar un centro simbólico de votación para migrantes venezolanos y campañas de donaciones de medicinas y ropa hacia Mérida.
El 23 de enero, durante un trámite habitual en las oficinas del ICE, fue detenido sin previo aviso. Su esposa no quiso decirle a sus hijos la verdad completa, explicando que “papá estaba en otro estado”. Duarte relató el dolor diario de la familia: “Lloro en silencio para que los niños no sufran, pero por la noche ellos preguntan por su padre: ‘¿Cuándo va a venir papá?’”.
La detención ha generado críticas de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado, quien advirtió sobre los riesgos extremos que enfrentarían los perseguidos políticos si fueran devueltos a Venezuela. El caso de García pone de relieve la situación de miles de venezolanos que, incluso tras escapar del régimen, se enfrentan a la deportación en Estados Unidos.
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