Una auditoría de la Contraloría General de la República derivó en un hallazgo fiscal por COP 4.037 millones relacionado con recursos del Fondo Nacional del Arroz y del contingente arancelario COL RICE, al considerar que habrían sido destinados a obras en una planta arrocera ubicada en Valencia, Valledupar (Cesar), propiedad de Fedearroz. El gremio respondió señalando que los fondos son de carácter privado, que la inversión se ajustó a la ley y que el proceso aún no es definitivo.
Las intervenciones realizadas en la planta arrocera localizada en el corregimiento de Valencia, municipio de Valledupar, se convirtieron en el eje de una controversia entre el ente de control fiscal y la Federación Nacional de Arroceros, luego de que la Contraloría estableciera un presunto daño patrimonial por COP 4.037 millones, tras auditar recursos asociados al contingente arancelario COL RICE y al Fondo Nacional del Arroz.
Según el informe del organismo de control, el hallazgo se habría originado en la ejecución de obras civiles financiadas con recursos del contingente COL RICE, los cuales fueron utilizados para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura de almacenamiento, secado y trilla de arroz de dicha planta.
La Contraloría sostiene que estos recursos tienen naturaleza pública, al provenir de una disposición legal y de procesos de subasta de arroz, por lo que su destinación a bienes pertenecientes a una entidad privada vulneraría los principios de legalidad y destinación específica que rigen el manejo de los recursos públicos.
Como resultado de la auditoría de cumplimiento correspondiente a la vigencia 2024, el ente de control formuló seis hallazgos administrativos, uno de los cuales presenta presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el monto antes mencionado.
En respuesta, Fedearroz explicó mediante un comunicado que el hallazgo fiscal no está relacionado con recursos del Fondo Nacional del Arroz, sino con dineros provenientes del Contingente Arancelario COL RICE, los cuales se generan a través de subastas de arroz importado desde Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio.
El gremio precisó que dichos recursos se administran a través de una sociedad constituida en Estados Unidos y que los ingresos que recibe la Federación por su participación en esta tienen carácter privado.
Asimismo, Fedearroz aseguró que las inversiones realizadas contaron con la aprobación del Ministerio de Agricultura y estuvieron orientadas a fortalecer la infraestructura productiva para el secamiento, almacenamiento y trilla del arroz, en beneficio directo de los productores del sector.
Finalmente, la Federación subrayó que los hallazgos notificados por la Contraloría no constituyen una decisión en firme, sino que hacen parte de un proceso administrativo que aún se encuentra en desarrollo.
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