Los aspirantes al Congreso de la República de Colombia destacan la necesidad de una renovación parlamentaria que se enfoque en los intereses de Bogotá y del país. Buscan asegurar una verdadera independencia entre el Congreso y el Gobierno Nacional, así como actuar como intermediarios entre las diversas entidades en todos los niveles, con el fin de abordar transversalmente los problemas que enfrenta la ciudad. Es fundamental que la ciudadanía comprenda que los congresistas no son responsables de ejecutar recursos, sino que deben supervisar el desarrollo del plan y emitir leyes en beneficio de todos los colombianos.
En caso de obtener la curul, uno de los principales proyectos será promover la elección de alcaldes locales a través del sufragio universal. Destacan la incongruencia de que localidades como Suba, con más de 1.3 millones de habitantes, no tengan la posibilidad de elegir a su alcalde, en contraste con ciudades más pequeñas como Pereira.
Identifican la corrupción como el principal reto del país, lo que se refleja tanto en comportamientos cotidianos, como colarse en el transporte público, como en escándalos de gran escala. Esta cultura política corrupta socava la eficacia administrativa y la confianza en las instituciones.
Respecto a la posibilidad de una asamblea constituyente, consideran que la Constitución de 1991, aunque perfectible, proporciona las herramientas necesarias para avanzar hacia una sociedad más equitativa. En este sentido, proponen reformas coyunturales que se centren en áreas como el sistema carcelario y la elección directa de alcaldes.
Es clara la oposición a la reelección presidencial inmediata, indicando la importancia de un relevo generacional en la política para evitar que los mismos políticos permanezcan en el poder durante décadas.
Abogan por el diálogo como primer paso para resolver conflictos, subrayando que en el caso de grupos ilegales que cometen delitos graves, el Gobierno debe reaccionar con acciones decididas.
Se manifestaron a favor de la legalización de ciertas sustancias como la marihuana, proponiendo que el enfoque se centre en la salud pública en lugar de considerarlas delitos. Además, apoyan la eutanasia, argumentando que la regulación de la muerte digna es una deuda histórica del Congreso.
Critican la costumbre de reformas tributarias anuales que aumentan el recaudo, abogando por una reforma que reduzca gastos innecesarios en la burocracia estatal. También están a favor de disminuir el salario de los congresistas, canalizando esos recursos hacia inversiones en sectores vitales.
El avance hacia la paridad de género es crucial para mejorar la calidad democrática del país. Se proponen mejoras normativas que vayan más allá de simples cuotas y busquen una representación efectiva de mujeres en todos los ámbitos decisionales.
Para combatir la corrupción, sugieren el uso de herramientas digitales como Blockchain para garantizar un seguimiento transparente de los recursos públicos, así como la inteligencia artificial para detectar irregularidades en contratos.
Ante una imagen desfavorable del Congreso entre la ciudadanía, proponen un enfoque de servicio y contacto directo con las comunidades, recuperando la confianza a través de una política transparente y basada en la representación efectiva.
Por último, enfatizan la importancia de establecer una relación diplomática estable con Estados Unidos y Venezuela, enfocándose en un comercio binacional que beneficie a ambas naciones y en proyectos de cuidado ambiental.
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