Las ocasiones en que el Consejo de Estado ha bloqueado decisiones clave del gobierno de Petro

En al menos cuatro oportunidades, el Consejo de Estado ha frenado algunas iniciativas del presidente Gustavo Petro y, en otros casos, le ha exigido retractarse tras hacer acusaciones públicas sin sustento. Estas resoluciones han aumentado la tensión en la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. A continuación, algunos de los casos más relevantes.

La más reciente intervención del alto tribunal ocurrió el 13 de febrero, cuando el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, de la Sección Segunda, anunció la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025, que fijaba el salario mínimo en COP 2.000.000. Esta medida permanecerá mientras el tribunal analiza de fondo las demandas que buscan anular el decreto.

La resolución ordena al presidente Petro expedir un nuevo decreto que considere todas las variables económicas y cumpla con la ley. Este caso se suma a una serie de disputas entre el Ejecutivo y la rama judicial, que en varios momentos ha bloqueado decretos y ha obligado al mandatario a rectificar declaraciones públicas.

Tensión entre gobierno y justicia
En julio de 2025, cuando Eduardo Montealegre estaba al frente del Ministerio de Justicia, se firmó un decreto que quitaba al Consejo de Estado la facultad de estudiar tutelas contra el presidente, trasladando esa competencia a los jueces de circuito. Según el gobierno, la medida buscaba garantizar equilibrio y acceso a la justicia. Sin embargo, juristas señalaron que la medida podía ser cuestionable dada la compleja relación entre Petro y las altas cortes.

La regulación de los servicios públicos
El 2 de marzo de 2023, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto de febrero que otorgaba al presidente competencias para regular servicios públicos de agua, saneamiento, energía y gas. La intención del gobierno era fijar tarifas que, según Petro, habían contribuido a la inflación. Las demandas sostenían que solo una ley del Congreso podía habilitar esa facultad. Además, el tribunal encontró que el borrador del decreto no había sido publicado para comentarios según lo exige la ley.

Consejos de ministros televisados
El 4 de febrero de 2025 se transmitió un consejo de ministros televisado que mostró desarticulación entre funcionarios. La ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas demandó estas transmisiones ante el Consejo de Estado, argumentando que la alocución presidencial no podía repetirse sin necesidad urgente. El tribunal falló a su favor el 11 de abril de 2025, prohibiendo los consejos televisados semanalmente, por limitar la pluralidad informativa.

El polémico “decretazo”
En 2025, el gobierno convocó una consulta popular para destrabar la reforma laboral y la reforma a la salud tras el rechazo del Congreso. Doce congresistas demandaron el decreto ante el Consejo de Estado, que suspendió sus efectos el 18 de junio de 2025 mientras estudiaba el fondo. El tribunal argumentó que el decreto se expidió sin concepto previo del Senado, vulnerando la ley y la Constitución.

Rectificaciones públicas de Petro
El Consejo de Estado ha ordenado varias rectificaciones del presidente por acusaciones sin pruebas. El 19 de noviembre de 2025, Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, debieron retractarse por señalar al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de colaborar con el ELN. Dos meses antes, el mandatario tuvo que rectificar acusaciones contra Joseba Grajales Jiménez, propietario de EPS Sanitas, y también se le ordenó retirar señalamientos contra Germán Vargas Lleras por supuestas influencias en el CNE y un desfalco millonario en la Nueva EPS.

Otras rectificaciones fueron emitidas a favor del fiscal Mario Burgos, el expresidente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño, y los hermanos de Bernie Moreno, senador estadounidense, quienes habían sido señalados por Petro sin sustento.

Relación con otras cortes
La tensión del presidente no solo se da con el Consejo de Estado, sino con toda la Rama Judicial. Por ejemplo, la Corte Constitucional suspendió el 29 de enero de 2026 de manera provisional el decreto de emergencia económica del 22 de diciembre de 2025, que buscaba suplir el vacío tras la caída de la reforma tributaria. La presidencia ha recusado a varios magistrados, incluyendo a Jorge Enrique Ibáñez, por supuesta pérdida de imparcialidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que la decisión podría afectar el pago de la deuda pública, protegiendo a los más ricos. La decisión de fondo sigue pendiente.