Organismos enfrentan responsabilidades por la amenaza a 19,000 propiedades en procesos de extinción de dominio

Riesgo de Devolución de Predios Incautados

La situación de más de 19,000 inmuebles incautados a organizaciones criminales ha generado preocupación tras las denuncias de Amelia Pérez Parra, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ella advierte que estos predios están en riesgo de ser devueltos a los delincuentes, lo que ha llevado a una respuesta conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Pronunciamiento de las Entidades Involucradas

Las tres instituciones aseguraron en un comunicado que están llevando a cabo acciones coordinadas para garantizar la efectividad de los procesos de extinción del derecho de dominio en Colombia. Esta respuesta es fundamental, ya que se vincula directamente con las preocupaciones expresadas por Pérez Parra sobre las decisiones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Implicaciones de la Resolución del Consejo de Estado

Un aspecto crucial en la discusión es la reciente decisión provisional del Consejo de Estado, que suspendió la aplicación de una norma relacionada con la caducidad de inscripciones. Esta norma permitía que ciertas inscripciones en procesos de extinción de dominio perdieran vigencia por el paso del tiempo. Las entidades enfatizan que esta suspensión ha creado incertidumbre en los procesos judiciales relacionados.

Posición de las Entidades sobre la Caducidad

En su pronunciamiento, las instituciones manifestaron que compartir la opinión de que la caducidad de una inscripción registral no implica la pérdida de vigencia de la medida cautelar decretada por un juez. Según explican, la medida permanecerá activa hasta que una autoridad judicial decida su levantamiento o hasta que el proceso concluya con una sentencia ejecutoriada.

Acciones Adoptadas para Proteger los Activos

Las entidades han iniciado varias acciones, entre las cuales destaca la emisión de la Instrucción Administrativa del 13 de febrero de 2023, desarrollada por la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta instrucción establece directrices claras sobre las solicitudes de caducidad de inscripciones en los procesos de extinción de dominio.

Mesas Técnicas para Soluciones Integrales

Furthermore, las instituciones han puesto en marcha mesas técnicas interinstitucionales con el objetivo de abordar la problemática de manera integral. Estas mesas facilitarán el desarrollo de soluciones jurídicas y operativas coordinadas, lo que incluye la posibilidad de formalizar un memorando de entendimiento para dar continuidad a este esfuerzo colaborativo.

Conclusión

Las concertaciones y medidas adoptadas por las entidades buscan no solo salvaguardar los inmuebles incautados, sino también garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales que busca la acción de extinción de dominio. Con la colaboración de múltiples organismos, se espera alcanzar un enfoque más efectivo en la lucha contra la criminalidad en el país.