El presidente Gustavo Petro ha manifestado su firme respuesta tras el atentado que conmocionó a Cajibío, Cauca, donde un cilindro explotó en un bus, resultando en la muerte de siete civiles e hiriendo a otros 17, muchos de ellos indígenas. En un mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario calificó a las disidencias de alias “Iván Mordisco” como “delincuentes criminales” y anunció su intención de presentar una acusación en su contra ante la Corte Penal Internacional.
En las últimas 24 horas, la región ha experimentado una oleada de violencia. Además del ataque en Cajibío, se registró un hostigamiento a una subestación de Policía en Potrerito, Jamundí, y un ataque con explosivos a una chiva que se dirigía a Ipiales, Nariño. Estos incidentes dejaron más de 20 heridos, según informaron las autoridades.
Ante la situación, Petro instó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a monitorizar de cerca las finanzas de las disidencias. También solicitó a las Fuerzas Militares que desplieguen a “los mejores soldados” para enfrentar a este grupo narcoterrorista. “Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”, aseguró el presidente.
Petro mencionó que el líder del grupo armado es alias Marlon, quien ha sido plenamente identificado por las inteligencia policial y militar. “Los que atentaron en Cajibío son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, enfatizó, aclarando que esta situación no será tolerada.
La serie de ataques ha puesto en alerta a las autoridades del Valle y Cauca, que aún están evaluando el impacto de esta violencia. El presidente ha prometido una “máxima persecución mundial” contra las disidencias de las FARC, en un intento de controlar la creciente ola de terror que afecta a la región.
La administración de Petro enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad pública, especialmente en un contexto donde las disidencias han mostrado un resurgimiento violento. Las recientes acciones del mandatario reflejan una determinación de brindar una respuesta coercitiva contra estos grupos al margen de la ley.
Las implicaciones de estos hechos no solo son políticas, sino que también afectan la seguridad de los ciudadanos en las regiones más vulnerables del país. Con la intensificación de la persecución y el llamado a las instituciones a actuar con firmeza, el gobierno de Petro se enfrenta a la crítica y a la exigencia de resultados en la lucha contra el narcoterrorismo.
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