El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de liquidar Air-e, la empresa de energía que ha estado bajo intervención estatal durante casi dos años. Este servicio afecta a aproximadamente 1,2 millones de usuarios en las regiones de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Petro expresó en su cuenta de X que la liquidación permitirá una “integración de activos” con otra empresa pública de la región caribeña, lo cual, según él, contribuirá a fortalecer la operación eléctrica en el área.
La liquidación se produce en un contexto de serias dificultades financieras, con Air-e acumulando deudas que se estiman en cerca de COP 2,5 billones. Esto incluye obligaciones con generadores, transmisores y otros actores del sector eléctrico. Según Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de generadores, la medida de liquidar Air-e podría obstaculizar aún más las operaciones necesarias para prestar el servicio de energía. “Al momento de iniciar el acto de liquidación, no se puede prestar el servicio ni comprar energía”, alertó Castañeda, quien también destacó que el Gobierno no ha presentado un plan claro sobre quién asumirá la operación una vez completada la liquidación.
Expertos del sector han criticado la intervención estatal previa y advierten que la liquidación podría agravar los problemas financieros en el sector eléctrico. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, calificó el período de intervención como un fracaso y advirtió que la liquidación podría generar más complicaciones para las empresas que dependen de los pagos por servicios brindados a Air-e.
Adicionalmente, la Contraloría General ha manifestado preocupación sobre la situación de Air-e, instando a medidas urgentes para asegurar la continuidad del servicio. La Procuraduría ha solicitado información detallada sobre la gestión financiera de la empresa durante su intervención.
La situación de Air-e es crítica, ya que representa alrededor del 12% de la demanda nacional de energía. Según Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el próximo gobierno enfrentará el desafío de resolver cerca de COP 6 billones en deudas acumuladas en el sector. Esto ha generado preocupación sobre la capacidad financiera de las empresas para mantener sus operaciones y realizar inversiones necesarias.
“Una liquidación es hacerle conejo a todos los acreedores”, afirmó Castañeda, enfatizando que los problemas de liquidez, junto con las interrupciones en los pagos, han llevado al sector energético a una situación de riesgo de un “apagón financiero”.
La liquidación de Air-e marca un importante giro en la política energética del país y plantea interrogantes sobre cómo se alineará la estructura del sector eléctrico en el futuro. La manera en que se manejarán las deudas acumuladas y quién asumirá la operación en las áreas afectadas será crucial para evitar un colapso del servicio eléctrico en estas regiones.
La comunidad empresarial y los organismos de control siguen atentos a las decisiones que se tomen, conscientes de que la continuidad del servicio eléctrico y la estabilidad financiera del sector dependen de la reacción del Gobierno ante este complejo escenario.
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