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Los recicladores de oficio con ingresos menores a un salario mínimo mensual accederán a un nuevo modelo de protección social, regulado por el Gobierno mediante un decreto firmado el miércoles 18 de marzo. Este esquema proporcionará cobertura en áreas como salud, pensión, vejez y riesgos laborales, sin implicar una relación laboral formal.
Para formar parte de esta iniciativa, los recicladores deberán estar asociados a organizaciones de recicladores de oficio y demostrar que sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual. Esto garantizará que quienes dependen de esta actividad obtengan el respaldo necesario para mejorar sus condiciones de vida.
Un aspecto destacado del decreto es que los recicladores no asumirán los costos de sus aportes a la seguridad social. Los recursos para financiar este modelo provendrán de la remuneración tarifaria generada por actividades de aprovechamiento en el servicio de aseo y de las transacciones comerciales realizadas por las organizaciones de recicladores. El decreto también estipula que no se descontará del ingreso mensual de los recicladores ningún aporte a pensión, BEPS o riesgos laborales.
El decreto deja claro que la afiliación al sistema de riesgos laborales se realizará sin que esto implique la existencia de una relación laboral. Es decir, el acceso a la protección social no convertirá automáticamente a los recicladores en empleados formales, sino que mantendrá su estatus de trabajadores independientes, preservando su autonomía profesional.
El Gobierno argumenta que esta medida busca expandir progresivamente la cobertura de la seguridad social y eliminar las barreras de acceso para esta población vulnerable. Se ha destacado que los recicladores de oficio cuentan con una protección constitucional especial, no solo debido a las dificultades que enfrentan, sino también por la relevancia ambiental de su labor.
Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo, afirmó que “este modelo reconoce el trabajo de los recicladores, garantiza su protección social y respeta su autonomía. No es una formalización forzada, es una solución estructural con un enfoque social”. A través de esta iniciativa, se busca mejorar las condiciones de vida y trabajo de un sector estratégico en la gestión de residuos.
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