La discusión sobre el precio de la vivienda volvió a tomar fuerza en 2026, en especial por aquellos inmuebles cuyos valores siguen vinculados al salario mínimo. Aunque cada vez son menos los sectores que ajustan precios con base en este indicador, la vivienda de interés social continúa siendo uno de ellos.
El debate surge porque, con el aumento del salario mínimo, también se actualizan los topes máximos permitidos para las Viviendas de Interés Social (VIS) y las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), lo que impacta directamente el valor final que pagan los compradores.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, una VIS es aquella cuyo precio no puede superar los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con el ajuste de 2026, este límite pasó de $213.525.000 en 2025 a $262.635.750.
Este tipo de vivienda está dirigido principalmente a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, y suele ser el segmento al que se enfocan gran parte de los subsidios estatales y de las cajas de compensación familiar.
Las VIP están pensadas para los hogares con menores ingresos. Su valor máximo permitido es de 90 salarios mínimos, lo que en 2026 equivale a $157.581.450, frente a cerca de $128 millones el año anterior.
Por lo general, estas viviendas están destinadas a familias que ganan menos de dos salarios mínimos, y cuentan con mayores apoyos institucionales para facilitar su adquisición.
Aunque la normativa establece topes máximos, en la práctica muchas constructoras venden las VIS y VIP por debajo de esos límites. Sin embargo, es común que en los contratos no se fije un precio definitivo en pesos desde el inicio.
En su lugar, se establece que el valor del inmueble será equivalente, al momento de la entrega, al tope legal vigente en salarios mínimos. Esto significa que si el salario mínimo sube durante la construcción, el precio final también puede aumentar.
Pese a que comprar vivienda resulta más costoso bajo este esquema, los subsidios de vivienda —tanto de las cajas de compensación como del Estado— también se ajustan de forma proporcional.
El Ministerio de Vivienda publicó recientemente un borrador de decreto para comentarios, con el que propone modificar las condiciones actuales de las VIS. La principal novedad sería reducir el tope máximo a 135 salarios mínimos, lo que en 2026 representaría alrededor de $236.372.000.
Además, la propuesta establece que cualquier negocio jurídico relacionado con la compra de una VIS —como promesas de compraventa o encargos fiduciarios— deberá definir explícitamente el precio total en pesos colombianos, el cual no podría modificarse desde la firma del contrato hasta su finalización.
La iniciativa ha generado resistencia entre los constructores. Según el gremio, fijar el precio definitivo desde etapas tempranas desconoce la forma en que se estructuran y financian los proyectos, que suelen desarrollarse en ciclos largos de entre dos y cuatro años.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advierte que la medida podría convertirse en una especie de control de precios, afectando la viabilidad financiera de los proyectos VIS.
Mientras se definen los posibles cambios normativos, los interesados en adquirir este tipo de vivienda pueden comenzar su búsqueda a través de:
Portales inmobiliarios especializados
Cajas de compensación familiar, que informan sobre proyectos con subsidios
Constructoras reconocidas, que suelen ofrecer programas VIS y VIP
Ferias inmobiliarias y jornadas de vivienda regionales
Informarse con anticipación y comparar opciones es clave para tomar una buena decisión de compra en este segmento.
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